La conflictividad entre el ciudadano o la empresa y las Administraciones Públicas, se presenta en numerosas ocasiones como un fenómeno inevitable, especialmente a causa de la creciente intervención y desarrollo normativo por parte de las distintas Administraciones Públicas.
Sectores como el Urbanismo, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, las Expropiaciones, o el régimen del personal Funcionario, requieren frecuentemente el asesoramiento y la intervención mediante los recursos en vía administrativa ante la propia Administración, mediante reclamación ante los Tribunales Económico-administrativos, o recurso ante los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-administrativo.
En el ámbito específico del Derecho Ambiental el titular ha desarrollado trabajos de consultoría a nivel nacional e internacional, como experto contratado por empresas, por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y la Unión Europea.
